EL COSTE DEL RESCATE BANCARIO

MIENTRAS TANTO

15/2/2014

El coste del rescate bancario: las cifras reales

De “ni un euro” a 130.000 millones

Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella

*Introducción*

En esta larga nota se intentará demostrar:

1.º Que la cifra de las pérdidas por los rescates públicos a la banca
española *superará los 130.000 millones de euros.* Ninguno de los
organismos que poseen los datos al respecto (Banco de España,
FROB-Ministerio de Economía, Comisión Europea) ha tenido la intención de
publicar las cifras reales; al contrario, las ha diluido, mixtificado y
ocultado.

2.º Que *esa cifra se puede demostrar detalladamente *en cada uno de los
componentes de los que ha resultado su suma (banco a banco, caja a caja,
organismo público a organismo público, crédito fiscal punto por punto).

3.º Que esa cifra resulta una *enormidad comparada con cualquiera de las
magnitudes de la economía española, especialmente con los recortes*producidos
sobre los derechos económicos adquiridos de los ciudadanos, sobre el
capital social acumulado.

4.º Que, como consecuencia de esas ayudas públicas no se ha producido *ningún
efecto positivo sobre el crecimiento económico de España*, ni sobre el
aumento del crédito; más aún: ese crédito sigue disminuyendo.

5.º Que *rescatar* *ha sido mucho más caro para los ciudadanos que haber
dejado desaparecer, ordenada y socialmente, a las cajas y bancos quebrados*.

6.º Que el castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su acción u
omisión irracional o venal, produjeron este aspecto de la crisis, está por
ejecutar.

La economía española ha tenido pésimos gestores en lo que respecta a los
intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Los gobiernos de F.
González la encarrilaron por la senda del neoliberalismo; la negociación
con la UE supuso gravísimos daños para el sector agrario y para grandes
industrias (siderúrgica, naval, etc.). Los gobiernos de Aznar privatizaron
a precio de saldo algunos de los mayores bienes públicos de los españoles
(Iberia, Telefónica) y pusieron las bases de la gigantesca burbuja
inmobiliaria. Con Zapatero se consolidó el monocultivo del ladrillo, se
perdió un tiempo precioso al estallar el crack de 2008 y además se perpetró
la infamia de reformar la Constitución para subordinar los derechos
sociales de los ciudadanos al pago de la deuda externa. Con Rajoy la vida
de la mayoría de los españoles se ha deprimido gravemente, se ha generado
una deuda pública muy importante (a la que el despilfarro del saneamiento
bancario ha contribuido decisivamente), y se han puesto las bases para que
los derechos de las personas que trabajan no se puedan recuperar en muchos
años, dificultando cualquier política alternativa.

La información acerca de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho es
esencial para comprender la magnitud del desastre de las políticas
económicas y fiscales de los ahora gobernantes. Nada de lo que hacen sirve
para fomentar actividades productivas innovadoras que posibiliten salir de
esta gran depresión, al tiempo que esquilman el capital social acumulado
por el trabajo de los ciudadanos.

La magnitud de lo que se ha despilfarrado en la recapitalización del
sistema bancario español, así como su ocultamiento sistemático, constituyen
un ejemplo, quizás el mayor en términos cuantitativos, de ese tipo de
políticas económicas.

*1. Lo que no se produjo*

En junio de 2012 *mientrastanto.e *publicó la nota “No recapitalizarás la
banca condenada”, en la que se propugnaban cuatro tipos de actuaciones
sobre las perspectivas de saneamiento público del sistema financiero:

1º. Minimizar el sistema financiero español, todavía enormemente
sobredimensionado.

2º. No enterrar dinero público en ese saneamiento puesto que no podría
recuperarse.

3º. Asignar los fondos dedicados a esa recapitalización imposible a
inyectar crédito directo a la economía (por ejemplo, a través de créditos
avalados por el Estado a particulares y empresas solventes, o créditos
otorgados directamente por las entidades intervenidas).

4º. Liquidar ordenadamente las entidades en crisis, básicamente cajas de
ahorros: asegurar la elección de los ahorradores para colocar sus fondos en
un banco sano (los bancos estaban y están deseosos de obtener esos fondos,
incluso ofreciendo mayor rentabilidad para el ahorrador); asegurar las
coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de
determinados activos inmobiliarios (no los solares y promociones
invendibles, sino los edificios y oficinas de las propias cajas,
generalmente situados en las mejores zonas comerciales y de negocios),
incluso a precios *reventados*.

Nada de ello estuvo en los propósitos de nadie; nada de esto se produjo.

Y se comprende que no se produjera. Desde luego, no había sido la tónica de
los rescates bancarios europeos, ni lo que se podía esperar de los
gobiernos españoles que los han protagonizado aquí. En lo que respecta a la
izquierda política –concediendo que el Psoe lo fuera–, le era difícil
teorizar lo contrario de lo que hizo, por no decir lo que hizo mal, en la
parte de la gestión de las cajas que le correspondía. Sin embargo la
izquierda*social* trató de defender a los afectados por los abusos de las
leyes hipotecarias o a los afectados por prácticas abusivas, como las
preferentes o los desahucios, aunque hay muchas malas prácticas más.

*2. Cinco orígenes y pico de las pérdidas públicas*

Empecemos por la ocultación de las cifras para ir después a éstas partida
por partida, dato por dato.

Antes, y hasta bastante después de perpetrar sus planes de recapitalización
de la banca quebrada, el Gobierno aseguró que ni euro de dinero público se
perdería en el reflotamiento bancario. Hoy ya no lo dice, pero tampoco dice
cuánto dinero público (es decir, capital social acumulado por los
ciudadanos) se ha perdido ya, y a buen seguro se va a perder en el futuro.
No da explicaciones. No dar explicaciones es su norma, coherente con su
modo despótico de gobernar. Eso forma parte de su cultura de desprecio
hacia los ciudadanos.

Se induce al público a pensar que las cifras del rescate son confusas y
pueden ser objeto de varias interpretaciones. Pero no es así: son muy
claras. Cosa distinta es que produzcan vértigo, o que no se las quiera
calcular, o que se pretenda ocultarlas.

En el presente texto esas cantidades se recogen entidad a entidad (cada una
lleva una nota en el cuadro final que explica el cálculo) y epígrafe a
epígrafe (cada uno lleva también el método empleado para el cálculo de su
cifra estimada). Pues bien, ese cálculo, nada difícil para quienes tienen
todos los datos (pero que los autores de esta nota han tenido que escarbar
pacientemente), no lo han querido, ni quieren, hacer:

– No lo quiere hacer el Banco de España (BE), el organismo regulador que
fue incapaz de darse cuenta del desastre del balance de las cajas y bancos
que debía controlar crediticiamente, y que se supone que posee la mejor
información sobre el sistema financiero. Un ejemplo, al que se volverá
después: haciendo alarde de falta de transparencia, el Banco de España dio
a luz una nota extemporánea sobre ayudas públicas a la banca (2.9.2013) que
vale la pena ver en internet: es un papelillo que parece sacado de los
apuntes de un estudiante de empresariales. Una*nota*, no unos informes
periódicos extensos y cuantitativos, que es lo que cabía esperar tratándose
de la mayor aplicación de dinero público en la crisis*. *Pues bien, ahí
fueron excluidos manifiestamente algunos elementos esenciales, y los que
más pérdidas de dinero público han supuesto: los EPA (*Esquema de
Protección de Activos*), que veremos después.
– No lo quiere hacer el Fondo de Reestructuración Bancaria, que depende
del Ministerio de Economía, el organismo que mayor cantidad de dinero
público ha aportado. Su Director General admitía en Deusto (30.1.2014) que,
de una inyección de 50.000 millones, se deberían dar por perdidos 37.000.
Visítese la información pública “*No podemos asegurar cuánto dinero
recuperaremos de los bancos”* (*eldiarionorte.es
<http://eldiarionorte.es/&gt;,*30.1.2014). La cifra de pérdidas reales,
incluidos los EPA que seguro habrá que pagar, ya supera esa cifra, como se
verá en el cuadro numérico final. Por cierto, esos más de 38 millones (que
no 37) corresponden a las pérdidas contables de los ejercicios en 2011 y
2012. Ni siquiera contemplan una estimación de lo perdido en 2013, que ya
había terminado cuando se realizaron esas declaraciones. Pueden verse los
resultados oficiales en http://www.frob.es; también se puede comprobar en esa
página la omisión de cualquier desagregación por entidades y, desde luego,
de un cuadro de cifras mínimo.
– No lo quiere hacer la Comisión Europea en sus cinco informes, hasta la
fecha de hoy, febrero 2014, sobre cómo se ha empleado su dinero
del*Assistance
Programme for the Recapitalisation of Financial Institutions in
Spain* (búsquese
así en internet). Viajan mucho a España, parece que inspeccionan, pero no
publican una sola cifra pormenorizada sobre el rescate bancario. Ahora les
ha dado por alabar al Gobierno y dar por cerrado ese rescate; sin cifras,
claro.

En fin, alevosía en el rescate con el dinero público y oscura nocturnidad
en su transparencia.

Vayamos, ya a los costes concretos de dinero público del rescate bancario.
Hay cinco *y pico* fuentes concretas de pérdidas. Vamos a verlas, una por
una.

*Primero*.* La realizada por la inyección neta de dinero (en capital u
otras partidas compensatorias de diferentes tipos) contra pérdidas ciertas*,
básicamente por el *Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria *(FROB).
Fueron en torno a los 21.000 millones, pero en nuestro cuadro final se
incluyen los EPA (que inmediatamente veremos) de los que han resultado
pérdidas también ciertas, como el capital (o similares) perdido.

*Segundo*.* Las *g*arantías sobre la evolución futura de la cartera de
créditos que se pactaron a los bancos adjudicatarios de las entidades
quebrad**as*.

A esas garantías por parte del FROB por las que si las entidades adquiridas
tienen una mala evolución de sus créditos se las compensa con dinero
público (que es lo que nutre el FROB) se las denomina EPA (*Esquema de
Protección de Activos*). Vemos muchos términos como el anterior:
entelequias que amparan dinero público malgastado:* Reestructuración
Ordenada *-por quién, para quién–; *Protección de Activos* –por quién, para
quién–;* Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración* –por quién,
para quién–.

Por ejemplo: en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se pactó con
su adjudicatario, Banco Sabadell, una EPA de más de 16.000 millones y, en
enero de este año (ver nota 5, al final), el Ministro Guindos reconocía en
el Congreso que al menos 15.000 millones acabarían siendo pagados por el
FROB. Algo parecido ocurrió con UNNIM, adquirido por BBVA, y en otros casos
que se explican en las notas al cuadro final. Por eso, parte de los EPA han
ido traduciéndose en pérdidas ciertas, ya materializadas. Y queda mucho
pendiente: está por ver lo que pasa con los bancos, procedentes de las
cajas con gestores ladrones, o incompetentes, o ambas cosas a la vez, que
quedan por privatizar.

Resulta significativo de lo burdo de las trampas para evitar el cálculo de
los costes reales que en el documento más relevante de lo publicado por el
Banco de España sobre las ayudas financieras no se incluyan, expresamente,
los EPA (*Nota informativa sobre las ayudas financieras en el proceso de
reestructuración del sistema bancario español*. Banco de España 2.9.2013).

*Tercero*.* Las pérdidas que acarrearán las privatizaciones de los bancos
que quedan por privatizar*:

A. Las pérdidas que acarrearán las dos mayores entidades que aún no han
sido privatizadas: Catalunya Bank y Bankia. Nuestra estimación en el cuadro
final, justificada en las notas 9 y 10 y más que moderada, es que si se
privatizan reportarán una pérdida de *47.000 millones*.

B. Las pérdidas, sobre lo aportado por el Estado, correspondientes a las
cajas menores (las de las líneas 11 a la 14 del cuadro), que también se
estiman con criterios de mínimos.

*Cuarto*.* El coste público del banco malo*.

La Sareb (*Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria*) es el llamado* banco malo*: ahí se han metido
50.781 millones de euros en préstamos incobrables o de muy dudoso cobro del
sector financiero español, *avalados por el Estado* y que se van a vender
de mala manera.

El FROB ha aportado 2.192 millones por el 50% del capital de Sareb, que se
han invertido en comprar esos activos. Pero eso es lo de menos, porque la
propia Bruselas considera que el precio pagado por la SAREB a los bancos
por esos activos tóxicos es superior al de mercado. Así que, puesto que los
bancos no hubieran conseguido ese precio, se trata de una ayuda pública.

La Dirección General de Competencia de la UE cifra esas ayudas, a través de
la Sareb en unos *20.200 millones* de euros: el detalle está en la nota 15
del cuadro final de cifras. Como la Sareb ha pagado muy alto y tendrá que
vender más bajo o esperar mucho tiempo para vender –con el consiguiente
lucro cesante–, sufrirá unas pérdidas que tendrá que asumir el FROB por el
50% de su participación en el banco malo. El coste público mínimo del banco
malo superará ampliamente los 10.000 millones, según los propios (y más que
prudentes) criterios de la Dirección General de Competencia de la UE.
Aunque, claro, la de esa Dirección no es la estimación más realista, más
vale que no se nos pueda acusar (en éste y en ningún otro caso) de
tremendismo.

Además, la gestión de la Sareb es motivo de mofa en los medios financieros.
No sólo en éstos: la Comisión Europea elaboró hace muy poco (*Ocasional
Papers, 170*. *Enero, 2014*) un documento que bate récords de loa al
revisar, y dar por rematado, el proceso de recapitalización de la banca
española, y, en cambio, se regodea en describir el fracaso de la Sareb.
Concluye, dando las esperanzas propias de un dictamen justificatorio de la
acción del Gobierno español:*”The work on the revisión of SAREB´s business
plan is ongoing*”. Poco después, cuando se cierra esta nota, la Presidenta
de ese organismo cesaba al Director General.

Asimismo, acaba de aparecer el primer gran escándalo de esa pésima gestión:
vendió 2.500 pisos a un fondo buitre (el norteamericano Fortress y su socio
español, Lar), que no pusieron un euro de entrada y pagarán en varios años
con un descuento que ronda el 40%. El nuevo propietario se negó a
escriturar los 140 pisos que ya estaban vendidos por la Sareb, al tiempo
que subía enormemente los precios de las viviendas.

*Quinto**. El ahorro de impuesto**s.*

En el reflotamiento de anteriores crisis bancarias, especialmente Banca
Catalana, Rumasa y Banesto (que estuvieron entre las mayores en Europa
hasta entonces), uno de los componentes que animaban a los bancos
compradores era que las pérdidas del banco adquirido fueran deducibles en
los impuestos a pagar en el futuro. En aquella ocasión no hubo más dinero
público que ése, porque las ayudas del Banco de España debían ser devueltas
(aunque a un coste menor que los tipos de interés del mercado).

Hoy por hoy, en el proceso de saneamiento bancario en curso, esa ventaja
fiscal ni siquiera aparece como una ayuda pública: ni el Banco de España ni
el Ministerio de Hacienda la mencionan jamás. Existe, pero se niega o se
pasa de puntillas sobre ese ahorro de impuestos futuros del que se
benefician los compradores. Todo sea por enriquecer a los ricos desde la
Hacienda Pública.

Antes de intentar resumir las circunstancias, cuatro ejemplos, cercanos en
el tiempo a la redacción de esta nota. Uno, *”Banco de Valencia asegura que
cuenta con activos fiscales diferidos de 559,8 millones de euros. La
entidad quebrada disfrutará de partida con 123,9 millones […] derivados de
bases imponibles negativas […]. Otros 421,6 millones se corresponden con
impuestos diferidos derivados de dotaciones […]. Los activos fiscales que
tendrá Banco de Sabadell por la compra de CAM son superiores a los de Banco
Valencia…la entidad alicantina cuenta con una partida de 2.662 millones de
euros […]”* (*Invertia, *23.12.2012). Dos: *”Caixabank gana 503 millones,
un 118,9 % más, gracias a los créditos fiscales […] La adquisición de Banco
de Valencia […] le ha permitido apuntarse un importe bruto positivo de
2.289 millones de euros…” *(*EL País*, 31.1.2014). Tres: *”Los interesados
en pujar por Nova Caixa Galicia obtendrán hasta 2.300 millones en créditos
fiscales”* (*Expansión*, 13.12.2013). Cuatro: “*El Gobierno avala a la
banca con 30.000 millones de créditos fiscales*” (*El Mundo*, 29.11.2013).

Este tema se pretende explicar oficialmente de un modo enigmático o, casi
siempre, ni se explica. No figura, claro, en ninguna descripción del
saneamiento bancario por parte de la UE, del Banco de España o del Gobierno.

Para que el lego pueda entender este ahorro de impuestos es preciso
explicarlo con algún detalle, aunque la complejidad de la contabilidad
bancaria lo dificulta. Las cajas y bancos quebrados pasan a sus bancos
compradores con sus pérdidas acumuladas, que estos últimos pueden deducir
de los impuestos: un poco más abajo veremos el ejemplo de Caixa Galicia.
Hay además otras fuentes de rebaja de impuestos, entre ellas:

* Las generadas por provisiones efectuadas por deterioro de los créditos
(p. ej., las muchas que se hicieron en créditos inmobiliarios); o sea, el
menor valor de los créditos por sus escasas perspectivas de cobro queda
apartado en una partida que acaba suponiendo pérdidas pasado cierto plazo.

* Las generadas por provisiones para los planes de pensiones y las
prejubilaciones para empleados, que se pagarán en el futuro.

A todo ello (pérdidas acumuladas, provisiones y planes de pensiones o de
prejubilación) se le da técnicamente el nombre de *activos fiscales
diferidos*(en inglés DTA, *Deferred Tax Assets),* y*,* más popularmente*,
créditos fiscales.*

Más allá de cualquier tecnicismo, a los efectos de la materia que aquí se
trata, lo fundamental estriba en el coste público, añadido a las ayudas
bancarias que hemos descrito ya, de lo que Hacienda no percibirá en
impuestos y las facilidades que se dan a los compradores (y acaban de verse
en los cuatro ejemplos que se han citado más arriba). Resulta muy gráfica
la noticia que se recogía sobre Caixa Galicia: su comprador, el grupo
financiero venezolano Banesco, sólo pagará por ella 1.000 millones de
euros, en cómodos plazos y siempre que se cumplan otras condiciones,
mientras que el Estado puso 9.000 millones de euros en ayudas a esa caja.
Además, el comprador se ahorrará 2.300 millones en impuestos a pagar en el
futuro.

Con moderación, evaluamos la suma de estas ventajas para los compradores en
un mínimo de *11.781 *millones de euros, calculados según lo que se detalla
en la nota (16) del cuadro final.

Especialmente relevante pero poco comentada ha sido la decisión del Consejo
de Ministros de 29.11.2013 de avalar a la banca 30.000 millones de activos
fiscales (el 60% de lo que todo el sistema bancario tiene contabilizado
como tal). Ello supone el compromiso del Estado de que acabará pagando ese
importe en circunstancias de venta o de quiebra de la entidad que tenga
contabilizados tales activos fiscales.

Ese compromiso estatal convierte lo avalado en capital. Los requisitos
internacionales de capital (lo que se llama, en términos bancarios,
*Basilea*), regulan el que debe tener como mínimo cada banco según las
dimensiones de su balance. Con el aval estatal mencionado, los bancos sanos
no sólo pagarán menos impuestos sino que podrán evitar tener que captar en
el mercado hasta 30.000 millones de euros de capital adicional para cumplir
las normas internacionales, lo que resultaría caro y difícil en tiempos de
crisis. Una ayudita más para un beneficio jugoso a costa de la Hacienda
Pública.

*Sexto*.* Tres “picos” de ayudas no contabilizadas aquí*

*Uno*. No se incluyen los avales del Estado a emisiones de entidades de
crédito concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales.
Tampoco se incluyen las pérdidas sobre los 21.000 millones que el Estado
aportó en liquidez a las entidades financieras en el Fondo de Adquisición
de Activos Financieros, liquidado en 2012.

*Dos*. Las acciones preferentes han sido un timo evidente como tal. Las
preferentes son una mezcla entre un producto de renta fija y de las
acciones. Lo esencial: no tienen fecha de vencimiento, no hay obligación
por quien las vende de asegurar su recompra y el precio de ésta no tiene
* suelo* (por lo que puede ser* nada, cero*). Nada de eso se les advertía a
quienes creían comprarlas como un* plazo fijo con alto interés*, aunque sí
lo sabían, y por ello lo promocionaban, los bancos y cajas que las emitían.

La cultura neoliberal de *toma el dinero y corre* facilitó que multitud de
operarios bancarios contribuyeran a la venta de preferentes sin problemas
de conciencia. Los incentivos, los llamados *bonus*, de las entidades
disolvían los escrúpulos con gran facilidad.

Bancos y cajas ofrecieron *preferentes* para reforzar su capital ante la
crisis del ladrillo y porque, en ese momento, les computaba como capital en
su esquema de requisitos internacionales (otra vez, *Basilea*). Cuando las
cajas y banquitos quebraron, los suscriptores se quedaron con una merma
sustancial, con poco o sin nada, según cada caso, de lo invertido.

No se trata de un caso de pérdidas de dinero público, pero sí de pérdidas,
incluso de ruina en muchos casos, de pérdidas por fraude. El Banco de
España, que tan meticuloso fuera con cualquier tipo de minucia, se tragó,
como tantas enormidades (nada menos que la quiebra de las cajas de ahorro
que no supo ni anticipar ni paliar), por las tragaderas de su gobernador,
Fernández Ordóñez, ese monumental timo: *dinero del público*, generalmente
el más indefenso, a quienes se les llevó, en muchos casos, el ahorro de
toda una vida. Ahí están los mails que escribía Blesa al respecto; ahí
están las instrucciones de las cajas a sus oficinas; ahí debería estar la
condena para los que debían regular el sistema financiero; ahí está el
silencio de la Europa presunta defensora de los consumidores; ahí están, en
definitiva, los estafados, que capitalizaron, inútilmente además porque el
agujero era demasiado grande, a banqueros estafadores. La cifra que figura
en el *pro memoria* (aunque debiera estar entre las pérdidas públicas,
porque los afectados han sido el público trabajador) es la menor que se
ofrece como estimación, la más optimista (la de la consultora Oliver Wyman
para la Comisión Europea); y, aún así, es de una magnitud increíble.

*Y tres*. Ahora, vamos a algo que no se contabiliza en el cuadro que cierra
esta nota porque no es dinero público español, sino europeo: los créditos
prácticamente sin interés del Banco Central Europeo, que los bancos
beneficiarios recolocaron en compras de deuda pública en tipos de alrededor
del 4%. El saldo por liquidar a fecha de cierre de esta nota, es incluso
superior a 230.000 millones de euros, una cifra mayor que los fondos
propios (el capital contable básico, para entendernos) del sistema
financiero español; y eso que la banca española se deshizo de más de 50.000
millones de deuda pública en los últimos meses de 2013.

Los bancos españoles fueron líderes en la demanda de las emisiones del
Banco Central Europeo en sus inyecciones de dinero a la banca (a un precio
entre el 0 y el 1%) lo que se ha dado en llamar* barra libre de liquidez*.
Fue básicamente una política que duró hasta mediados de 2012. El conjunto
de bancos europeos llegó a demandar casi 2 billones (sí, billones: millones
de millones) de euros.

Los bancos españoles lograron casi el tercio de esos préstamos
(generalmente, a tres años de plazo). No se empleó para hacer crecer el
crédito: el 30% de lo prestado por el BCE permaneció en las cuentas de éste
con los bancos, que guardaron ahí esos dineros por si acaso. El resto
sirvió para comprar deuda pública, básicamente española, con rentabilidades
entre el 3,5% y el 4,5%. Nada, prácticamente ni un duro, para prestárselo a
familias o pymes. Negocio redondo: dinero europeo tirado en lo que se
refiere a la economía real, pero que está *forrando* a los bancos hasta que
lo devuelvan, mientras éstos nos cobran los intereses de la deuda que
compraron con esa inyección.

Sugieren los mentideros financieros que, en adelante, van a pasar dos
cosas: una, que el BCE sólo va a inyectar liquidez a los bancos que den
crédito; dos, que la deuda pública va a dejar de contar como capital en los
requerimientos del BCE a la banca europea. Actualmente, la deuda pública
cuenta, a efectos de lo que cada banco pueda crecer, como si fuera capital,
es decir dinero puesto por los accionistas, contante y sonante. Si eso
acabara pasando, constituiría una pareja de medidas racional que podría
inducir a que los bancos españoles volvieran a prestar dinero a la economía
real. Ya se verá: alguna norma se sacarán del bolsillo, del que sólo suelen
sacar normativas a medida, para impedir esa piadosa intención.

Con todas estas ayudas, y pese a ellas, especialmente la última mencionada
para reforzar la liquidez bancaria, la Comisión Europea calcula que, desde
2007 a 2012, en España los créditos a particulares han caído un 30% y los
de las pymes más de un 50% (*Ocasional Papers*, 17. January 2014). Esa
caída del crédito constituye una bestialidad que paraliza cualquier
economía; y más la española, que depende del crédito en medida mucho mayor
que cualquiera de los quince países de la UE por PIB. Y, si no acaba en
crédito, el dinero del reflotamiento del sistema bancario, esa enormidad
que compararemos ahora con otras magnitudes económicas básicas, se ha
tirado para que lo recojan los que ya se forraron con los orígenes de esta
crisis.

*3. Una comparación de lo aportado a la banca con el pan de cada día*

A números duros, enfrentemos números duros. Nos dará idea de la inmensidad
de lo que ha significado –hasta ahora y evaluado moderadamente– el rescate
bancario español:

A. Representa el 12,7% del PIB español de 2013. Se discute en estos
momentos si el PIB de 2014, año de la recuperación según el Gobierno, puede
llegar a un aumento del 1% sobre 2013. A partir del 2% de crecimiento, se
dice que se creará empleo.

B. Viene a ser lo mismo que lo presupuestado para 2014 en gasto para todas
las pensiones (contributivas y no contributivas: 127.484 millones de euros).

C. Es un 78% mayor que la recaudación total por el IRPF de 2014 (73.196
millones).

D. Suma más que tres veces el déficit estatal presupuestado para 2014
(38.414 millones).

E. Resulta 60 veces mayor que el Presupuesto de Educación para 2014 (2.150
millones).

F. Supone más de cuatro años de prestaciones de paro (29.720 millones en
2014).

G. Equivale a más de 14 veces lo presupuestado para 2014 en
infraestructuras (8.706,1 millones).

H. Alcanza dos veces y media lo presupuestado en la recaudación del IVA de
2014 (54.841 millones).

I. Supera 24 veces lo presupuestado para 2014 en I+D+I civil (5.633
millones)

J. Multiplica por 90 lo presupuestado para becas y ayudas a estudiantes en
2014 (1.448,1 millones)

K. Se acerca mucho al valor de la suma de todas las acciones de Santander y
de BBVA (la llamada *capitalización bursátil*) a inicios de febrero de
2014, tras un largo recorrido alcista de éstas: unos 140.000 millones de
euros. Pero más indicativo resulta que cuando prácticamente se habían
cerrado la mayor parte de los rescates, los dos grandes e internacionales
bancos llegaron a valer en Bolsa bastante menos de 90.000 millones. Es
decir, que las ayudas a la banca han alcanzado un importe que hubiera sido
suficiente para comprar a precios bursátiles la totalidad de los bancos
españoles (no sólo Santander y BBVA).

Es una enormidad, naturalmente. Y, si se compara con lo que produce (que no
es consumo, ni prestaciones sociales, ni crecimiento económico, ni crédito)
esa enormidad se traduce en el mayor robo al capital social acumulado a lo
largo de más de setenta años. Un verdadero saqueo de lo que todos y cada
uno con sus años de trabajo, añadido a la cotización social de las
empresas, hemos aportado.

*4. ¿Ha sido más caro que dejarlos quebrar?*

Está más que ampliamente aceptado y documentado que el sistema financiero
tiene, en todos los países principales, un peso excesivo respecto a la
economía real. En España, en pleno auge de la banca por internet y con una
red de cajeros automáticos entre las mayores del mundo, esta macrocefalia
es más severa todavía: de cualquier modo en que se realice la comparación
con otros países desarrollados (sobre el PIB, sobre la población, sobre el
negocio bancario…), resulta evidente que sobran alrededor de dos tercios de
las oficinas bancarias.

La sobreabundancia de oficinas bancarias en España llamaba la atención de
los viajeros extranjeros ilustrados, como llamaba la atención de viajeros
españoles a Argentina la cantidad de personas que en una librería
intervenía en la venta de un solo libro.

La causa histórica de la multiplicación de oficinas es que los beneficios
de los bancos españoles, hasta bien entrado el siglo XXI, fueron tan
desorbitados que daban para esa prodigalidad de medios y para más. Pero eso
se acabó. La banca española tendrá los mismos márgenes (y ya es optimismo,
porque su morosidad es mucho mayor) que los bancos europeos.

Si todas las oficinas de las entidades quebradas hubieran desaparecido, a
los ciudadanos no les faltarían servicios bancarios. Y, de hecho, van a
desaparecer más pronto que tarde, si no todas, la gran mayoría de las
sucursales de esas entidades.

Acabó 2008 con 46.167 sucursales bancarias. A final de 2013 hay menos de
36.000, lo que da unas ratios aún muy por encima de cualquier comparación
internacional seria. Las previsiones de los compradores de los quebrados y
las exigencias de la UE sitúan las oficinas en 2016 en torno a las
22.000/26.000.

Las plantillas bancarias a final de 2008 sumaban 270.855 personas. Cuando
terminó 2013, eran unas 212.000. Hacia finales 2016, seguramente rondarán
las 140.000.

Resumiendo: en realidad se habrán cerrado (¿en 2019?) las oficinas de los
quebrados y habrá salido del empleo bancario un número incluso superior a
los empleados de éstas.

Todo ello viene a cuento porque las pocas cifras, maquilladas y ocultas por
siete velos, que son facilitadas por el Banco de España, el FROB/Ministerio
de Hacienda y los hombres de negro de la Comisión Europea/FMI, coinciden en
dos cosas: minimizan el coste del reflotamiento y magnifican el coste
de *haberlas
dejado quebrar*. Siempre cantan cantan la misma *milonga: hay que poner
dinero público, pero más hubiera costado dejarlas quebrar*. El coste
público mínimo del banco malo superará ampliamente los 10.000 millones,
según los propios (y más que prudentes) criterios de la Dirección General
de Competencia de la UE, según se explica en la nota 13 del cuadro. Aunque,
claro, la de esa Dirección no es la estimación más realista, más vale que
no se nos pueda acusar (en este y en ningún otro caso) de tremendismo.
Bastante es, muchísimo, ese mínimo.

Veamos; dejarlas quebrar hubiera podido suponer dos costes básicos:
perjuicios para los empleados y para quienes les confiaron sus ahorros.

– Examinemos la primera justificación del despilfarro de dinero público.
Acabamos de ver que el coste de las disminuciones de plantilla está
asumido: se va a echar a tantas personas como sumaban las empleadas en las
entidades quebradas. Eso sí, con una nueva regulación laboral que las
perjudicará. Cuando en *mientras tanto* se propugnó cerrar las entidades
quebradas y dotar los planes de pensiones de sus empleados, sin coste
público, a partir de la venta de sus inmuebles, aún a precios
*reventados*, pudo parecer una propuesta sangrientamente liberal. Todo
lo contrario: se les va a echar igual, pero con una legislación laboral y
de acceso a las pensiones de jubilación lesivas.
– La segunda de las justificaciones del despilfarro de la
recapitalización de la banca quebrada es la presunta protección de los
depósitos de los ahorradores. Se nos dice: el principal pasivo, la deuda
más relevante de los bancos, son los ahorros y la tesorería que los
particulares y empresas tienen depositados en el banco, así que, si se les
deja quebrar, esos depósitos corren el riesgo de perderse. Pues no es así.
Lo que quieren los bancos no quebrados es liquidez y, para obtenerla, han
peleado y pelearán por captar depósitos. Por lo tanto, no hubieran faltado
bancos dispuestos a que les traspasaran esos depósitos, incluso ofreciendo
una mayor remuneración. Sobran novios solventes para garantizar a los
depositantes sus ahorros o su tesorería, incluso con mayor rentabilidad.

En resumidas cuentas, que no nos cuenten que hubiera sido peor dejar
quebrar a los bancos (sobre todo, cajas) quebrados, porque las cuentas que
nos cuentan se basan en suposiciones absurdas. Aquí se ha querido que la
quiebra la asumiera el dinero público y que los compradores de lo quebrado
se lucraran con éste.

De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero
público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que
eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del
sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los
pobres para dárselo a los ricos.

*5. Pérdidas públicas en el reflotamiento bancario: las cifras*

En millones de euros. Fuentes: Ministerio de Economía/FROB; Banco de
España; balances de las entidades adquirentes *[0]*

*[0]* No incluyen los avales del estado a emisiones de entidades de crédito
concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales. Tampoco se
suman las pérdidas sobre los 21.000 millones que el Estado aportó en
liquidez a las entidades financieras en el Fondo de Adquisición de Activos
Financieros, liquidado en 2012.

Como se ha explicado arriba, no se estiman las diferencias de rentabilidad
entre inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo al 0% y las
obtenidas por la inversión de estos recursos.

*[1]* A Cajastur. Fondo Garantía de Depósitos (no estaba creado el FROB)

*[2]* A BBK. El FROB asumió las pérdidas del EPA.

*[3]* UNNIM: Cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu. A BBVA. El EPA se
consumirá totalmente y BBVA tendrá que cubrir pérdidas por activos de esas
cajas. La EPA inicial era de 4.824 millones, de los que se dan como
pérdidas ciertas a final de 2013, 2.956 millones: lo anotado en el cuadro
como EPA es la diferencia

*[4]* A Caixabank, que realizó la operación básicamente por los activos
fiscales de Banco de Valencia (ver punto 2, quinto, del redactado). El EPA
está prácticamente descontado como pérdidas ciertas.

*[5]* Caja de Ahorros del Mediterráneo. A Banco Sabadell. El Ministro
Guindos reconoció en el Congreso de los Diputados (14.1.14) que la EPA
acabaría costando al FROB más de 15.000 millones. Así que anotamos esa
cifra como pérdidas ciertas, que se unen a los 5.429 aportados por
inyecciones de capital por el FROB. El Consejero Delegado del Sabadell dio
como pérdidas 17.000 millones, 2.000 más que el Ministro, por lo que se
espera que se consuma todo el EPA como pérdidas.

*[6]* Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos, Caja Sol, Caja Guadalajara.
A Caixabank. Se opina que esta adjudicación se realiazó por Caixabank con
menores ayudas de las derivadas del agujero de Banca Cívica, como
compensación de otras adjudicaciones.

*[7]* A Banco Sabadell. Las ayudas se suelen cifrar, según todas las
noticias de la adjudicación, en 325 millones, pero no hemos podido sumar
como ciertas más que las que se incluyen en el cuadro.

*[8]* A Banesco (grupo venezolano), por venta del FROB en 1.002 millones
(las ayudas fueron de 9.000). Ya se ha comentado en el punto dos, quinto.

*[9]* Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caja Manresa. Por adjudicar. Ha
recibido 19.574 millones en ayudas públicas, a pesar de ser unas cinco
veces menor que Bankia: 12.052 en capital y el resto en avales. Se indica
una proporción de pérdidas similar a la de Nova Caixa Galicia (88,8 de lo
aportado por el FROB, que en este caso han sido más de 13.000 millones). Se
añade una estimación de los EPA solicitadas por los posibles compradores
españoles (Caixabank y Santander): 4.500 millones. Se trata de un cálculo
más que conservador, en virtud de lo ocurrido con CAM, cuya EPA costará más
de 15.000 millones –nota 5–.

*[10]* Bankia ha recibido 46.691 en ayudas públicas, de las que 22.424 es
inyección de capital y el resto avales. La opinión de los firmantes es que
las pérdidas finales en un presunto proceso de privatización serán, al
menos, un 35-40% mayores, fundamentándose en la monumental proporción de
morosidad de Bankia, la escasa calidad de sus activos no bancarios
(avalados en parte sustancial por el ICO) y, sobre todo, porque tiene en su
interior a la antigua Bancaja. Ya se ha visto lo ocurrido con la CAM –nota
5–. Ambas cajas valencianas tuvieron una política crediticia similarmente
disparatada y venal: por compartir, sus gestores compartieron como destino
de sus latrocinios paraísos fiscales caribeños cercanos. La cifra de las
ayudas probablemente no llegue a cubrir el lastre de Bancaja.

Después de unas pérdidas de 19.000 millones de euros en 2012, Bankia ha
presentado en 2014 unos beneficios de unos 500, saludados entusiásticamente
por la prensa gubernamental, los periodistas de su fondo de reptiles y los
especuladores nacionales e internacionales. Los resultados de 2013 no
admiten una evaluación seria: su negocio bancario empeora casi un 20%
respecto al catastrófico 2012; su morosidad aumenta casi al 15%. La claves
del beneficio de 2013, más contable que otra cosa, está en la reducción de
gastos (casi un 17% en el año) y las llamadas operaciones financieras (más
de 425 millones), que son el resultado del buen manejo especulativo de su
cartera no comercial. Aunque su equipo directivo es de una gran
profesionalidad, los milagros todavía no existen.

*[11]* Caja Duero y Caja España, en trámite de adquisición por Unicaja:
1.370 millones de ayudas directas, más 160 millones de costes de arbitraje.
Al cierre de esta nota, siguen las reclamaciones de Unicaja de ayudas
adicionales (especialmente EPA), por lo que la cifra es de mínimos.

* [12]* Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos, Caja Badajoz en proceso de
integración en Ibercaja. Se trata también de una cifra de mínimos, puesto
que contempla sólo la suscripción por el FROB de bonos convertibles.
Ibercaja sigue reclamando más ayudas y, dadas las prisas del FROB, es
probable que las obtenga.

*[13]* Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Cantábrico. Posee Caja Castilla
la Mancha. Esta cifra también es de mínimos, por las mismas consideraciones
que en las tres notas anteriores.

*[14]* Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Granada (Caixa Penedès fue integrada en
Sabadell). En concreto, 730 de ayuda europea y 915 del FROB. Cuando el FROB
venda el 62% de su capital, si es que encuentra comprador, necesitará
nuevas ayudas y, probablemente, un EPA. Estimamos que, al menos, ese EPA
será de 1.500 millones, que no se incluyen en el cuadro.

*[15]* Evaluación del importe de la ayuda de la Sareb (como diferencial
entre el valor real y lo pagado por éste), por parte de la Dirección
General de Competencia de la CE: 2.100 millones BMN; 1.600, Catalunya Bank;
1.300, Nova Caixa Galicia; 1.000 Liberbank; 717 Ceiss; 690, Caja3; 500,
Banco Valencia; 282, Banco Gallego; 12.000, Bankia. Total: 20.189 millones.
Aquí se coloca en pérdidas potenciales el 50% (la participación de FROB en
la Sareb y otras participaciones indirectas) de esa cifra.

*[16]* Diferencia (19.636) entre los 63.280 millones anotados como activos
fiscales en el total del sistema, menos los 43.824 de las entidades que no
han recibido ayudas (las *sanas*): son los activos fiscales que ya han
comprado con las entidades adquiridas y los que comprarán cuando el resto
de las entidades quebradas se privaticen. Al menos un 60% de de esa
diferencia (11.781) se ahorrará en impuestos por los bancos que han
adquirido las entidades quebradas o lo harán en el futuro.

*[17]* Cálculo de Oliver Wyman para la Comisión Europea de la aportación de
los preferentistas al saneamiento bancario, que suponía unas pérdidas para
los inversores en preferentes del 40% del total. El 6.2.2014 el
subgobernador del Banco de España y Presidente del FROB informaba en el
Congreso que, sólo en Bankia, Caixa Catalunya y Caixa Galicia, 150.000
afectados por las preferentes no podrían recuperar su inversión.

15/2/2014
– See more at:
http://www.mientrastanto.org/boletin-122/notas/el-coste-del-rescate-bancario-las-cifras-reales#sthash.lbH6nZPO.dpuf

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